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18/04/2005 | EL CULTIVO DE COCA POSIBILITARA LEGALIZAR EL PROCESO POLITICO DE LOS ANDES

Por Marco Perduca, Director Ejecutivo, Liga Internacional Antiprohibicionista mperduca@antiprohibitionist.org – Antiprohibitionist.org El presente documento fue elaborado y presentado por el Partido Radical Transnacional en colaboración con la Liga Antiprohibicionista Internacional durante el Foro Permanente de la ONU sobre asuntos Indígenas, Nueva York 10 – 21 Mayo, 2004 y la Sub-Comision de Derechos Humanos de la ONU, Ginebra 26 Julio al 13 de Agosto 2004. “Si el mundo desea lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio y erradicar definitivamente la pobreza, primero debe enfrentar con éxito el desafío de construir sociedades inclusivas y diversas en términos culturales; esto no sólo es necesario para que los países puedan dedicarse a otras prioridades, tales como el crecimiento económico y la prestación de servicios de salud y educación para todos los ciudadanos, sino porque permitirá la expresión cultural plena de toda la gente, lo cual es en sí, un importante objetivo de desarrollo” Informe sobre Desarrollo Humano 2004 PNUD Raramente una planta es el centro de actividad de decenas de grupos en ámbitos culturales, tradicionales, políticos, económicos y religiosos como es el caso de la coca; raramente una planta ha sido prohibida, criminalizada, demonizada y violentamente perseguida por gobiernos y organizaciones como lo ha sido la coca. El permitir el cultivo, los usos y desarrollos no narcóticos de la hoja de coca, será un primer paso hacia el apoyo de las culturas y tradiciones de todas las comunidades de la región. También, legalizar la coca posiblemente permita el inicio hacia una nueva era política para países como Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Esta, se basara por ser una confrontación abierta, democrática, transparente, no violenta entre diferentes perspectivas relacionadas a la construcción del futuro de la región Andina. Vale decir, un futuro consolidado en un ambiente no-prohibicionista. El status de la coca en las tres Convenciones de las Naciones Unidas no es claro. La planta de coca esta incluida en: la Clasificación 1ra de la Convención Única sobre Drogas Narcóticas de las Naciones Unidades de 1961, la Convención sobre Drogas Psicotrópicas de 1971, al igual que en la Convención en contra del Trafico Ilícito sobre Drogas Narcóticas y Sustancias Psicotrópicas de 1988. Verbi gratia, en la primera Convención de las Naciones Unidades, la coca es considerada una de las “drogas” que debe ser controlada lo mas estrictamente posible. A pesar de que los tres documentos de la ONU no hacen ninguna distinción entre las plantas naturales y las drogas sintéticas, es importante subrayar el hecho de que si existen diferencias substanciales entre las plantas y sus derivados. Esta importante distinción deberá convertirse en el aspecto central de las actividades de los defensores de la coca, al igual que aquellas promocionadas por grupos e individuos comprometidos con el desarrollo de la condición humana en todo el mundo. El Informe sobre Desarrollo Humano, publicado en el 2004 por el Programa de las Naciones Unidas (PNUD) se titula “La libertad cultural en el mundo diverso de hoy”. Este documento, el cual aborda diversos aspectos de la condición humana, no toma en consideración las repercusiones que la prohibición ha tenido sobre regiones enteras del mundo, al igual que en los posibles desarrollos originales y tradicionales de dicha planta. El Prefacio del Reporte afirma claramente que“el desarrollo humano se trata sobre todo de ampliar las opciones de la gente, es decir, permitir que las personas elijan el tipo de vida que quieren llevar, pero también de brindarle tanto las herramientas como las oportunidades para que puedan tomar tal decisión. Durante los últimos años, el “Informe sobre Desarrollo Humano” ha sostenido con energía que se trata de un asunto tanto político como económico, pues abarca desde la protección de los derechos humanos hasta el fortalecimiento de la democracia. En efecto, los pobres y marginados –quienes suelen conformar el grueso de la población inmigrante o las minorías religiosas o étnicas– tienen escasas probabilidades de conseguir acceso igualitario a empleos, escuelas, hospitales, justicia, seguridad y otros servicios básicos, a no ser que cuenten con la real capacidad de influir en la política local y nacional”. Desdichadamente, las Naciones Unidas es un organismo que no acude o realiza consultas a sus agencias filiales. Declaraciones como la mencionada anteriormente, así como los diversos hallazgos que reposan en los documentos del Foro sobre Asuntos Indígenas podrían generar una serie de reformas a la estructura del actual régimen de “control de drogas”. Mientras la Liga Internacional Antiprohibicionista (LIA) ha intentado en varias ocasiones denunciar el hecho de que las tres Convenciones de la ONU van mas allá de su objetivo de controlar las “drogas”; de hecho, implícitamente establece que el masticar o “mambear” coca es una actividad que debe ser castigada en haras de prevenir la propia integridad de las comunidades indígenas. Así uno este de acuerdo o no con la necesidad de regular las drogas mediante la estrategia de la prohibición, el hecho de que las Convenciones aborden temáticas que no tienen ninguna relación con la “droga” como es el caso del mambeo de coca. Este tipo de situaciones no dejan de preocupar a todos aquellos que se encuentran comprometidos con el desarrollo humano, la protección de las culturas indígenas, la preservación del medio ambiente y los derechos humanos. Con ocasión de la sesión del Foro Indígena de la ONU y la Sub Comision sobre Derechos humanos del 2004, la LIA y el Partido Radical Transnacional (PRT) afiliado a la ONU, actualmente han presentado una propuesta encaminada a establecer un grupo de trabajo a escala internacional que, bajo el auspicio de las Naciones Unidas, dentro del marco del Foro Indígena y en colaboración con otras Agencias de la ONU, inicie y desarrolle un estudio que establezca los usos tradicionales de la hoja de coca. En el ano 2000, el Consejo Social y Económico de la ONU estableció un Foro Permanente para discutir los asuntos indígenas “relacionados con el desarrollo económico, social, cultural, ambiental, educacional, salud y derechos humanos.” Se supone que el Foro deberia “suministrar recomendaciones y opiniones de expertos en asuntos indígenas al Consejo, como también a programas, fondos y agencias de las Naciones Unidas”, y a su vez incrementar y promover la integración y coordinación de actividades relacionadas con asuntos indígenas al interior del sistema de la ONU.” Centrándose en una variedad de temas que van desde el medio ambiente, justicia social, religiones hasta dialectos, por casi cuatro años, el debate al interior del Foro jamás ha abordado un asunto de crucial importancia para muchos grupos indígenas, cual es el de la planta de coca. El PRT y la LIA consideran que la Coca es un elemento central y vital de la vida, tradición, cultura, religión y economía de decenas de poblaciones indígenas que se encuentran a lo largo de la región Andina. La principal razón para esta falta de atención del Foro indígenas, se debe al hecho de que la coca es una de las plantas que desafortunadamente ha sido estrictamente regulada, y en algunos períodos sistemáticamente prohibida, por la Convención Única de la ONU sobre Narcóticos y Sustancias Psicotrópicas de 1961. Desde la década pasada, la comunidad internacional ha abordado los asuntos relacionados con la coca mediante la promoción de una serie de proyectos, tales como, la “reducción de la demanda” y el “desarrollo alternativo”, con el objetivo ulterior de erradicar sobre la faz de la tierra dicha planta “maligna”. Todos estos esfuerzos han demostrado ser un fracaso en cuanto a la eliminación y/o substitución de la coca por cultivos lícitos. La mayoría de estos programas de erradicación -como por ejemplo el de las fumigaciones aerias en Colombia, vale decir, estrategia que en su mayoría de veces ha sido ejecutada mediante mecanismos violentos- han generado un impacto devastador no solo en la salud de miles de personas, sino también en el medio ambiente de las zonas en cuestión. Otro esfuerzo que merece la pena ser resaltado, es la promesa de sumas de dinero a los campesinos a cambio de la erradicación voluntaria y/o una substitución eventual de la coca. Con la excepción de unos escuetos resultados positivos, debidamente documentados por la ONU en Bolivia y Perú al final de la década de los noventa, en el mediano y largo plazo todos los programas anteriormente mencionados han fracasado crasamente. Diferente historia es la de los proyectos de “desarrollo alternativo”. Mientras en teoría la idea de promover cultivos lícitos como un medio alternativo para el desarrollo de aquellas sociedades en las que las plantas utilizadas para la producción de narcóticos son cultivadas es llamativo, en la práctica real la sustitución jamás ha demostrado ser completamente autosuficiente en el mediano o largo plazo. De hecho, cada vez que la comunidad internacional retira su ayuda “artificial” a dichos proyectos de cultivos alternativos, el progreso alcanzado desaparece en cuestión de algunos meses, dejando de esta manera a las comunidades locales desamparadas de los medios suficientes para su subsistencia, por lo que se ven obligados a recurrir nuevamente al cultivo ilícito de la planta. Más aún, las alternativas usuales para reemplazar el arbusto de coca han sido la palma o cualquier variedad de productos que se encuentren en boga en aquel momento. Como se ha evidenciado, dichos productos han sido producidos en exceso en los últimos años, originando de esta manera una sobre oferta en la producción mundial, generando de este modo un drástico descenso en sus ya escasas ganancias. Este desalentador panorama refuta sin lugar a dudas todos los argumentos económicos a favor de la sustitución. Como si fuera poco, el sistema arancelario impuesto por Norte América y los países Europeos a los productos agrícolas, origina una carga desigual a las naciones en vía de desarrollo, cerrando el acceso de los productos del “sur” a los mercados ricos. Con el paso del tiempo, la situación en los Andes se ha vuelto invivible para las comunidades locales, el desarrollo general de sus países y el bienestar entero del continente Latinoamericano. Dicha situación ha resultado ser una fuente increíble de dinero fácil y gran riqueza para todo tipo de grupos ilegales, como narcotraficantes, terroristas y agrupaciones paramilitares. Este panorama dramático siempre se ha abordado desde una misma fórmula: prohibición, una estrategia que no ha producido los resultados deseados y que requiere de una revisión radical. El PTR y la LIA consideran que actualmente es el momento adecuado para que las Naciones Unidas, enmarcadas en su trabajo hacia la promoción del “desarrollo alternativo”, realice un estudio que evalúe de manera exitosa la posibilidad de permitir el desarrollo de los usos originales de las plantas que son empleadas para producir narcóticos, empezando por el arbusto de coca. De hecho, la planta de coca puede ser utilizada, como ha sido por cientos de años, para producir medicinas de diferentes tipos, al igual que la producción de diversos bienes comerciales, tales como: té, harina, pasta de dientes, jabón, condimentos, textiles, goma de mascar, al igual que diferentes suplementos alimenticios, y como uno de los medios más importantes para aliviar el abuso de las sustancias químicas que se derivan del procesamiento de sus hojas. Si la ONU está realmente comprometida en mejorar la calidad de vida socio-económica de poblaciones específicas mediante “proyectos de desarrollo sostenible”, el uso original de estas plantas ilícitas debería ser integrado a los programas, no para prevenir, reducir o eliminar la producción de cultivos ilícitos, sino para reducir la producción de narcóticos ilícitos. Prohibidas hace más de 40 años son parte fundamental de las culturas, tradiciones y religiones de los pueblos indígenas de aquellas regiones en donde estos productos agrícolas son endémicos. El PTR y la LIA consideran que el Foro Permanente debera considerar la posibilidad de mencionar los asuntos relacionados con la coca en su reporte anual, con las respectivas recomendaciones para el ECOSOC, órgano designado para distribuir la información relevante a los programas y agencias de la ONU. Dicha inclusión podría generar una contribución significativa en cuanto a los asuntos indígenas, haciéndolos temas de pertinencia mundial. La legalización del uso legítimo y ancestral de la planta de coca podría propiciar los siguientes resultados positivos: • permanecer dentro de la cultura y tradiciones locales (a veces sagradas) de decenas de grupos, incluyendo las minorías étnicas que viven a lo largo de los Andes; • restringir la “intrusión” de técnicas y/o producción económica de hábitos que no hacen parte la región; • posibilitar una industria ecológica, amigable del medio ambiente, que facilite el desarrollo de zonas rurales y su eventual/ posible industrialización, enmarcada por un contexto respetuoso de las costumbres y prácticas locales; • despojar del negocio a las redes criminales que hoy controlan y extorsionan a los campesinos que están envueltos en actividades ilegales; • un cambio en los programas de reducción de demanda, que en vez de centrarse en la supresión de la producción de cultivos ilícitos, promuevan el desarrollo alternativo de las plantas ilícitas. Acción que detendría inmediatamente el impacto negativo de las técnicas de erradicación, las cuales causan nocivos efectos en la salud y medio ambiente en diversas regiones de los Andes. La carencia de debate relacionada con aquellos asuntos cruciales constituye un agravante a las ya tensionante situación política, la cual es aun más inestable debido a la aplicación de medidas prohibicionistas. Las “intenciones humanitarias” que yacen detrás de las Convenciones, siempre inspiradas con el objetivo de hacer el bien – y por esta misma razón no pueden y no deben ser cuestionadas, menos aun denunciadas- necesitan ser expuestas con todas las fallas que han provocado en los últimos 40 anos. El principal principio prohibicionista ha sido el de imponer autoridad y eventualmente silenciar la oposición y la critica. Esta situación debe acabar. Anular la prohibición de la coca debería convertirse en una prioridad para todos aquellos que genuinamente luchan por la libertad, los derechos humanos y trabajan por la construcción de un sistema basado en la fuerza de la ley y no en la ley a la fuerza. Una ley que en vez de prohibir, facilite la cohabitación pacífica, incluyendo así las singularidades, que en última instancia son un asunto eminentemente indígena como universal. El PTR ha aceptado el promover y auspiciar una reunión para la siguiente sesión de la Comisión de la ONU sobre Derechos Humanos en Ginebra la próxima primavera. Espero que juntos podamos organizar dicho evento y tomar ventaja de la oportunidad de lanzar una movilización mundial para la legalización de todas las plantas -comenzando por la hoja sagrada de coca- que en la actualidad se encuentran prohibidas por las Convenciones de la ONU.

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